Dogu: The model of elites and strongmen “have to stop”.

Dogu: modelo de élites y caudillo “debe terminar”

 

Embajadora saliente de EE.UU. emplaza a la cúpula empresarial

Dogu: modelo de élites y caudillo “debe terminar”

“El poder y las oportunidades deben compartirse con todos. Eso puede sonar aterrador para algunos de ustedes”, cuestionó la diplomática


Dogu recordó que antes del 18 de abril, los empresarios abogaban por “sacrificar” algunos derechos fundamentales porque “Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría violencia”. Al mismo tiempo, les advirtió que el modelo de las élites y el caudillo debe terminar,“eso puede sonar aterrador para algunos de ustedes, pero será la clave para construir un futuro sostenible para el país”.

La embajadora pronunció su discurso de despedida en una actividad de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), a la que no fue invitado ningún funcionario del Gobierno sandinista o de otro poder del Estado, como era costumbre en los últimos años. En los encuentros de Amcham, usualmente asistían el asesor económico Bayardo Arce, el jefe de la bancada del FSLN, diputado Edwin Castro, el general Alvaro Baltodano, delegado de inversiones, y  el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo. asesor de ProNicaragua

“En marzo (pasado), di un discurso sobre el camino al 2030, en el que dije que el futuro de Nicaragua es incierto debido a la falta de un estado de derecho, la falta de democracia, y la elección de ciertos socios internacionales”, señaló la embajadora, quien agregó: “Antes de abril (inicio de las protesta cívicas), cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”.

La diplomática, que dejará el país el martes 30 de octubre, indicó que “la comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad. Creían que el crecimiento económico traería oportunidades”. Sin embargo, cuando viajó por el país y se reunió con pequeños agricultores, jóvenes empresarios, estudiantes, mujeres líderes y comunidades indígenas  “escuché algo diferente”.

Fin del caudillismo

“Estos nicaragüenses soñaban con un país justo con oportunidades económicas para todos.  Donde la corrupción y la identidad política no limitaran las oportunidades a solo unos pocos. Ahora está claro que la gran mayoría de los nicaragüenses ya no aceptarán más la corrupción de los funcionarios gubernamentales o de las empresas privadas y que ya no confían en las instituciones del gobierno”, relató Dogu, que será reemplazada por Kevin K. Sullivan, quien fungía como el Representante Permanente Adjunto de la Misión de los EE.UU. ante la OEA.

La embajadora reconoció que “las élites han establecido reglas que ignoran los intereses del resto de la población. Se podría argumentar que en el pasado, Estados Unidos también fue parte del problema.  Esta vez es diferente para todos nosotros. La Casa Blanca ha dicho que Estados Unidos está con el pueblo de Nicaragua, incluido los miembros del partido sandinista que están pidiendo reformas democráticas y el fin de la violencia”.

Empresarios no aprendieron lección

Exdirectivos de Amcham comentaron a CONFIDENCIAL que el discurso de Dogu plasmó una realidad que debió ser una lección aprendida por los empresarios desde la dictadura de Somoza.

Yalí Molina Palacios, expresidente de AmCham, señaló que las palabras de la embajadora se refieren a una “realidad que todos los nicaragüenses, no solo los empresarios, no la aprendimos con Somoza. En un mensaje para toda Nicaragua: aunque tengamos un gobierno que nos facilite las mejores inversiones, eso no funciona sin democracia y estado de derecho”.

Avil Ramírez, ex director ejecutivo de AmCham, explicó vía correo electrónico que “igual que con Somoza, había mucho crecimiento económico por varios años (al seis por ciento promedio cuando triunfó la revolución), pero ante la falta de institucionalidad de nada sirvió para que al final fuera suficiente para la permanencia del régimen”.

Sin embargo, Ramírez no coincidió con la embajadora en la aseveración de que el empresariado valoró “más la estabilidad que la sostenibilidad”. “No creo que todos los empresarios estaban de acuerdo con esa idea. Más bien pienso que en la misma comunidad empresarial siempre hubo diferentes visiones sobre lo que Nicaragua necesitaba ante el modelo propuesto”.

Róger Arteaga, expresidente de AmCham, afirmó que el mensaje de la diplomática fue “muy franco y cierto”, y describió un realidad de once años, donde la “cúpula del Cosep se coludió con el Gobierno para cogobernar con leyes  que solo beneficiaban a la cúpula”.

Crisis de Ortega cuesta 500 millones dólares

Dogu resaltó que “contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad.  Las decisiones del Presidente Ortega ya han costado 500 millones de dólares de los recursos de Nicaragua, que podrían haber sido utilizados para construir casas, iniciar nuevos negocios, dar tratamiento a los enfermos o educar a los jóvenes”.

“Las universidades de Nicaragua se han convertido en plataformas de propaganda política en lugar de ser centros de preparación para el futuro.  El sistema de salud ha sido utilizado como un arma de guerra en lugar de una herramienta para garantizar el bienestar de la población y su preparación para encarar futuras oportunidades. La fuerza policial ahora aterroriza en lugar de proteger y ha perdido toda credibilidad ante la población.  Muchas empresas han cerrado, terrenos han sido tomados y el pronóstico económico indica que ya se está dando una gran contracción después de 10 años de crecimiento continuo”, detalló.

“350,000 nicaragüenses han perdido sus empleos y un cinco por ciento adicional de la población ha caído en la pobreza desde abril. La industria turística de Nicaragua ha sufrido un gran retroceso. Ni toda la propaganda de los medios estatales cambiará estos hechos”, prosiguió la estadounidense, quien añadió que “no habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Lamentablemente, no veo señales de que el presidente Ortega o la vicepresidenta Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”.

Las sanciones y la corrupción

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han pronosticado que la economía nicaragüense se contraerá al menos un cuatro por ciento este año, como consecuencia de la crisis política.  Además, a partir del pasado primero de octubre, el país entró formalmente en recesión, al cumplir dos trimestres consecutivos sin que el producto interno bruto muestre signos de crecimiento.

“Cuando se enfrentó con indicadores preocupantes de una economía debilitada, el régimen del presidente Ortega optó por ocultar la información. Cuando pudo haber negociado una solución política a la crisis, el presidente Ortega optó por señalar al sector privado de ‘terroristas económicos’ sin ningún rol en el futuro de Nicaragua. El régimen está actuando como si pudiera reemplazar al sector privado con empresas estatales. Un país con la historia de Nicaragua sabe que ese camino conduce al desastre”, indicó la embajadora, quien advirtió también de las consecuencias de las sanciones de EE.UU. contra el Ejecutivo nicaragüense.

A finales de septiembre pasado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. aprobó la fusión de la Nica Act y la Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua, conocida como la “Ley Magnitsky nica”, que prevé sanciones para el régimen orteguista.

“A través de estas sanciones, Estados Unidos está demostrando que responsabilizará de sus acciones a los funcionarios  que autorizan el uso de violencia y abusos. Como dijo la Casa Blanca en julio, ‘esto es solo un comienzo a posibles sanciones, no el fin’”, auguró la funcionaria, que culminó tres años de labores en el país.

Dogu insistió en que “esta es una campaña continua, y segundo, que hay un enfoque en todas las personas que estén involucradas en la corrupción, no solo los funcionarios públicos. Cualquier persona que se vea comprometida en la corrupción o se beneficie de ella puede ser blanco de esta campaña”.

Y también se refirió al “riesgo reputacional” en que incurren las empresas cuando facilitan en actividades de corrupción o se involucran con un Gobierno violador de los derechos humanos”.